València, 16-11-2021.- Esta semana se cumplen cuatro años de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles valencianas el 18 de noviembre de 2017 para protestar por la discriminación de nuestra autonomía en el reparto de fondos e inversiones del Estado. Un año antes había tenido lugar en sede de Presidència de la Generalitat el acto solemne de firma del primer Manifiesto por una Financiación Justa para la Comunitat Valenciana, en el que tuve el honor de ser una de las personas que tomaron la palabra para demostrar la unidad de nuestra sociedad civil, política, empresarial y académica alrededor de una reivindicación tan justa como perentoria.

Perentoria era entonces y ahora -con el último modelo de financiación caducado hace casi una década- lo es todavía más. Cierto es que estamos ya ante un clamor, si no popular sí al menos político, por lo que ya todo el mundo reconoce: que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y que así estamos desde hace veinte años. Nadie, ni aquí ni en Madrid, discute ya esa evidencia, avalada por tantísimos estudios de todos los colores; el último, publicado por la prestigiosa Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), constata el ya conocido dato de que este año cada habitante de nuestra comunidad recibirá 215 euros menos de financiación autonómica que la media española.

La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué los valencianos tenemos que sufrir la infrafinanciación? ¿Por qué nuestros ciudadanos tienen que ver mermado el acceso a sus derechos fundamentales? ¿Por qué esta solidaridad se basa en premisas arcaicas y en datos desfasados? ¿Por qué las empresas valencianas llevamos años reclamante sin éxito inversiones del estado que son imprescindibles para nuestro progreso (incluso más allá del Corredor Mediterráneo)? ¿Por qué hemos pagado sin rechistar lo que nos pedían y hemos sido tan débiles en la hora de reclamar lo que, en justicia, nos pertenece? Lamentablemente, los tiempos de prosperidad de la Comunitat quedan bien lejos: ahora somos más y somos más pobres. Se ha acabado el tiempo del “mesinfotisme” y ya no podemos seguir siendo tan espléndidos.

Las cooperativas somos empresas, y como empresas, compartimos las preocupaciones y las ocupaciones con las demás empresas de nuestro entorno. Y somos personas, y como personas, tenemos aspiraciones relacionadas con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Como empresas y como personas (como empresas de personas, en definitiva) no podemos si no sumarnos a la petición de justicia que está volviendo a reclamar esta semana, a golpe de protestas y manifiestos, la Xarxa per un Finançament Just, de la que las cooperativas formamos parte desde el primer momento, porque también las cooperativas necesitamos esos recursos que se le están negando a nuestro territorio. Los necesitamos porque son los que financian la educación pública (y las cooperativas somos el principal agente de la enseñanza concertada laica); porque son los que financian las políticas de protección social (y las cooperativas tenemos mucho que ver en cuestión de servicios de atención a las personas y en vivienda, por ejemplo); porque son los que financian las infraestructuras (y las cooperativas necesitamos también producir en condiciones y transportar luego nuestros productos por tierra, mar y aire). Pero es que, además, resulta que las competencias en materia de fomento del cooperativismo están transferidas por el Estado a nuestra Comunitat, y a la Generalitat -que está haciendo una apuesta muy seria por la promoción de la economía social- le toca suplir con fondos propios lo que no le llega de Madrid.

Lo que se está reclamando aquí no es financiación, sino justicia. El lenguaje de los números es muy atractivo, por inteligible y contundente, pero el lenguaje de los valores es más trascendente y penetrante. Hay cosas que no se pueden resolver solo con los números: tenemos cifras y porcentajes para aburrir con esto del reparto autonómico de recursos y, sin embargo, poco éxito hemos tenido hasta ahora con el argumentario clásico.

Esto parece ser más una cuestión de gobernanza. Y para la gobernanza también hay estilos. Nosotros proponemos una gobernanza al estilo cooperativo: alcanzar la equidad a través de la solidaridad y procurar que nadie pierda por el camino ¿Difícil? Claro que sí ¿Imposible? Claro que no: unos ganarán más que otros, eso es inevitable, pero es más que factible alcanzar el acuerdo si se parte de un fundamento cooperativo (es decir: participativo y solidario), que involucre a todos los agentes en todas las comunidades autónomas; y, cuanto más implicados se sientan, mejor nos irá.

La justicia tiene que ser para todos; si no, ya no es justicia. Si se rompe el equilibrio y se violenta la solidaridad, el resultado es la carencia de confianza, el desaliento, e incluso la indignación. Ya estamos tardando… Porque, como decía el célebre filósofo latino de origen andaluz: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

Financiación en clave de valores: participación, solidaridad, justicia y equidad