07 mai Una ley que se queda corta para el cooperativismo valenciano
Emilio Sampedro Baixauli. Presidente de Concoval (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana)
València (29/04/2026). Hace escasamente un mes, el Congreso de los Diputados aprobó una ley ómnibus”, de esas que tanto gustan últimamente al Gobierno de España, en la que se incluyen modificaciones a varias normas que afectan a diversas fórmulas de economía social, entre ellas a las cooperativas.
Una parte de esa ley ómnibus era necesaria y urgente, sobre todo la que afecta a las empresas de inserción, que llevaban años reclamando un cambio en su regulación que ahora, por fin, ha llegado. Sin embargo, en el caso de las cooperativas, esta nueva ley no viene a aportar gran cosa. Y me explico. Por un lado, hay que tener presente que la legislación sustantiva en materia de cooperativas es competencia de las comunidades autónomas, por lo que la gran mayoría de cooperativas en España se rigen por sus respectivas leyes territoriales y no por la norma estatal. Y, por otro lado, en las materias laborales y fiscales, que sí son competencia exclusiva del Estado y en las que necesariamente hemos de remitirnos a la regulación que se hace en Madrid, esta ley se ha quedado muy corta y ha desperdiciado una excelente oportunidad para dar respuesta a reivindicaciones que las organizaciones cooperativas venimos trasladando desde hace años al Gobierno de España.
Es cierto que la ley actualiza y moderniza el marco normativo de la economía social, con especial énfasis en cuestiones como la digitalización, la igualdad, la gobernanza, la transparencia y la prevención del fraude, generando instrumentos para luchar contra ese “falso cooperativismo” que tanto ha perjudicado la reputación del conjunto. También se ha flexibilizado acertadamente la regulación de alguna clase de cooperativas, como las agroalimentarias, en términos que trataremos de trasladar a nuestra norma autonómica para que puedan aplicarse también a las cooperativas valencianas. En todos esos puntos, la ley se alinea con las propuestas hechas por Cepes (la Confederación Empresarial Española de la Economía Social) y constituye un indudable avance. Pero, en otros puntos, se han desoído las propuestas del sector y se ha legislado sin atender debidamente sus necesidades. Como resultado, tanto por acción como por omisión, esta ley ha dejado una sensación generalizada de “expectativa insatisfecha” en el movimiento cooperativo.
Por ejemplo, no ha gustado en el sector la forma en que se han regulado los planes de igualdad cooperativos, ni la inseguridad jurídica que provoca la modificación del catálogo de entidades de economía social para incluir una figura que carece de perímetro legal (las empresas sociales). Pero, más relevante aún que aquello que la ley contempla, es aquello que ha obviado. Solo el legislador estatal podía resolver algunas cuestiones que mejorarían notablemente las condiciones para el desarrollo cooperativo en los territorios. Y no lo ha hecho. No ha modificado la regulación del pago único en la incorporación de socios a cooperativas de trabajo asociado para adaptarla a la realidad actual. Tampoco ha modificado la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas de 1990 para actualizar los requisitos de protección fiscal y reconocer adecuadamente figuras societarias ya consolidadas en la legislación cooperativa (en particular la valenciana), mejoras que hubieran proporcionado seguridad jurídica, habrían ayudado en la interpretación de la norma tributaria y -de paso- evitarían serios perjuicios a nuestras empresas.
Al renunciar a incorporar en la ley éstas y otras peticiones que le hemos trasladado desde las organizaciones de economía social, el Gobierno de España ha renunciado a construir una auténtica política pública de incentivo para favorecer el cooperativismo (como exige nuestra Constitución). Parece que no se ha acabado de entender que las cooperativas no son una fórmula empresarial más: son organizaciones donde las personas están en el centro, donde la participación es real y donde los beneficios no solo se miden en términos económicos, sino también sociales y territoriales. Y esta singularidad requiere un tratamiento jurídico, fiscal y laboral acorde a su naturaleza. Porque el cooperativismo de hoy no es el de hace treinta años. Es un modelo dinámico, innovador y en constante adaptación. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, más de 2.500 cooperativas generan más de 63.000 empleos directos y un volumen de negocio cercano a los 10.000 millones de euros, lo que representa el 6,31 % del PIB autonómico. Además, en la última década se han creado más de 1.800 nuevas cooperativas, reflejo de la capacidad del cooperativismo para dar respuesta a los retos económicos y sociales actuales.
Estos datos son la evidencia de que el cooperativismo funciona, genera empleo estable y de calidad, contribuye a fijar población en el territorio, impulsa sectores estratégicos como el agroalimentario o el energético, y ofrece soluciones innovadoras en ámbitos como la vivienda o la educación.
Un desarrollo normativo sensato y con visión de futuro debe adaptar progresivamente el marco jurídico de las cooperativas a las nuevas exigencias del mercado, sin renunciar a los principios que nos inspiran. Y eso pasa, necesariamente, por revisar algunas normas cooperativas que la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social, no se ha atrevido a tocar. Y pasa también por facilitar las operaciones cooperativas, eliminar barreras administrativas y reforzar la competitividad en igualdad de condiciones con las fórmulas empresariales mercantiles. Solo así la economía social, y el cooperativismo en particular, desplegarán todo su potencial. Ése es el reto. Y esta ley, una oportunidad perdida para alcanzarlo.
Publicado en Las Provincias el 29/04/2026.